El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea fue introducido en 1997 como parte de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. La meta de este era mantener en buena forma las finanzas públicas de la Unión tras la puesta en circulación del Euro. Entre las normas reflejadas en este pacto se encuentra el Procedimiento de Déficit Excesivo, que establece que el déficit presupuestario no debe situarse en más de un 3% sobre el PIB, así como una deuda pública no superior al 60% sobre el PIB. Hasta ahora, los países que no cumplían con estas obligaciones debían aplicar las recomendaciones necesarias establecidas por el Consejo de la UE, y dentro del plazo que ellos establecieran. Si estas recomendaciones no se llevaran a cabo, el Estado Miembro se enfrentaría a una sanción económica impuesta por el Consejo, en base a una recomendación de la Comisión.

En el año 2011, y tras la crisis de deuda a la que se enfrentó la Unión Europea en el año 2009, la Comisión decidió introducir una reforma en el Pacto, conocida comúnmente como el “Six-pack” (un conjunto de seis reformas para fortalecer la vigilancia fiscal). Entre ellas, se estableció la Cláusula de Escape General, que permite a los Estados Miembros poner en marcha medidas presupuestarias dentro de las vertientes preventivas [1] y correctivas del Pacto. Es la primera vez que se va a poner en marcha esta cláusula, ante la perspectiva de una crisis sanitaria prolongada que podría a llevar a la Zona Euro a una contracción económica similar o incluso peor que la que se vivió en 2009. De hecho, en el caso de España, Goldman Sachs ha previsto que, debido a la extensión del estado de alarma en España, habría una caída del PIB del 9,7%, en comparación a la previsión de crecimiento del 1,8% que realizaron a principios del 2020, disparando el déficit a un 10%.

Con la puesta en marcha de la Cláusula, la Comisión Europea busca aumentar la flexibilidad para permitir que los Estados miembros tengan más libertad a la hora de gastar, y así poder invertir en materia de sanidad y apaliar las consecuencias socioeconómicas de la crisis del Coronavirus. Además, los países de la Zona Euro podrán enfrentar mejor la caída de la actividad económica, que llevará también a un aumento del déficit presupuestario. En resumidas cuentas, con la puesta en marcha de la Cláusula, entre otras medidas, se busca hacer frente al shock económico al que se enfrenta la Unión. De hecho, la propia Comisión Europea prevé que el crecimiento del PIB en la EU se podría ver reducido, en comparación a un escenario sin pandemia, a un 2.5% en toda la Unión.

Sin embargo, la activación de esta cláusula no significa que los Estados miembros no sigan aplicando las normas establecidas en el Pacto, ya que tendrán que seguir actuando en base a él. La propuesta para activar la Cláusula se realizó el día 20 de marzo por parte de la Comisión Europea, y el Eurogrupo aprobó la medida en la reunión extraordinaria del día 26 de marzo. Veremos cómo se va desarrollando la trama en los próximos meses.