El progreso en la integración energética
Si se trata de las instituciones europeas, vale la pena subrayar que hay algo de progreso en el proceso de adopción de las políticas climáticas y energéticas dentro de algunas instituciones.
En julio pasado, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) declaró su consideración de una nueva política de financiación de energía. Aquella propuesta, apoyada por las partes interesadas en noviembre, acabaría con las inversiones del Banco en combustibles fósiles y en la energía nuclear. En noviembre el Parlamento Europeo declaró un (no vinculante) estado de emergencia climática, señalada por primera vez por un actor político tan significante.
En diciembre, el Parlamento y el Consejo acordaron una “fiscalidad sostenible”: un listado estandarizado de las inversiones que puedan considerarse como respetuosas con el clima y el medio ambiente. Mientras que los combustibles fósiles no están incluidos en la lista, el caso de la energía nuclear no está tan claro.
El Pacto Verde: ¿esperanzas rotas?
La introducción del Pacto Verde el 11 de diciembre supuso la culminación del año marcado por declaraciones en el ámbito de la protección del medio ambiente. El Pacto debe elevar el listón mucho más alto para la preexistente política europea de transición energética, transporte, agricultura o incluso comercio global. La primera iniciativa tangible será la propuesta de marzo 2020 de una ley sobre el clima para garantizar la neutralidad climática de la Unión Europea de aquí a 2050.
El discurso de Ursula von der Leyen levantó reacciones políticas generalmente positivas, aunque las declaraciones específicas acerca de la implementación práctica de las medidas aún están por analizarse.
Philippe Lamberts, co-presidente del grupo de Los Verdes-Alianza Libre Europea, se muestra escéptico: “Sabemos que, si la Sra. von del Leyen habla en serio sobre el Pacto Verde, no recibirá apoyo por parte de ningún eurodiputado del PPE (la derecha) o de Socialistas y Demócratas (la izquierda), ni de Renovar Europa (los liberales)”. Los Verdes presentaron una contrapropuesta pidiendo reducción de 65-70% de los gases de invernadero hasta el 2030, en lugar del plan actual que propone la reducción de 50-55%.
Hasta el federalismo europeo: reforzando la gobernanza institucional
Para llevar a cabo esos ambiciosos objetivos, no será suficiente la buena voluntad de la Comisión Europea.
Hay que empezar con una revisión minuciosa del derecho europeo en el ámbito del sector energético y más allá de él. En otras palabras, la UE tiene que evolucionar hacia una forma más federal. En este momento, los estados miembros seguirán poseyendo el poder considerable para definir sus propias políticas energéticas, a pesar de que existan los objetivos europeos.
Sin un marco de referencia realmente vinculante, como aquel que existe para la política del mercado interior, muchos países no honrarán sus compromisos, ya que actualmente no existen sanciones para desalentar la falta de acción.
Hay que equipar las instituciones europeas con poderes más fuertes para asegurar que todos los estados europeos respeten los objetivos y las obligaciones del Pacto Verde.
El federalismo fiscal para tranquilizar la Europa central
En el cumbre del Consejo Europeo del 12 y 13 de diciembre de 2019, el objetivo de neutralidad climática hasta el 2050 fue respaldado formalmente por los jefes de estado y de gobierno de la UE… con la excepción de Polonia. Algunos países, generalmente de Europa central, temen las consecuencias económicas y sociales de la transición energética, o, más específicamente, el rechazo al carbón.
El Pacto Verde pretende sosegar a estos países a través de proponer un “mecanismo de transición justa”, con un financiamiento que asignará 100.000 millones de euros para ayudar a estas regiones a llevar a cabo una conversión industrial.
Sin embargo, hay que ir más allá y proponer una forma tangible de federalismo fiscal. Aunque el presupuesto europeo finalmente tenga que dedicar el 25% de sus recursos a la transición ecológica, sigue siendo demasiado poco y demasiado inflexible (se vota para un periodo de 7 años y no puede crearse un déficit). La redistribución de fondos entre los países europeos no ha sido efectiva, especialmente desde el comienzo de la crisis en 2008.
Por lo consiguiente, para encontrar las sumas considerables necesarias para alcanzar los objetivos del Pacto Verde, haría falta un presupuesto europeo adecuado, que esté autorizado a incurrir en déficit, para permitir un desarrollo estandarizado en los países de la UE, particularmente en el sector energético. Según declara el Tribunal de Cuentas Europeo, se necesitan 1.115 millones al año para cumplir los objetivos hasta el 2030, especialmente en el ámbito de transporte.
Uno de los enfoques potenciales es eximir las inversiones verdes de las normas presupuestarias europeas, a las que están actualmente sujetos todos los presupuestos nacionales.
Impuestos: ¿una cuestión nacional o federal?
Según los tratados europeos, los países tienen derecho a decidir individualmente qué sectores estén sujetos a los impuestos energéticos y el Parlamento Europeo tiene un papel meramente consultivo.
Sin embargo, la Comisión Europea está actualmente revisando la directiva sobre fiscalidad de la energía del 2003 para animar a los países a dejar de subvencionar los combustibles fósiles y promover el desarrollo de la energía limpia.
El Pacto Verde también propone que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan decidir por mayoría cualificada en ciertos asuntos relacionados con los impuestos energéticos. Es un desarrollo necesario para quitar los impuestos -y por consiguiente, la financiación de la transición energética- de las manos nacionales.
A favor de una diplomacia energética verdaderamente europea
El Pacto Verde subraya el papel de la UE en la escena de la energía y clima internacional. La Unión tiene que ser un líder capaz de imponer estándares a través del diálogo multilateral.
La reflexión sobre la estrategia europea y diplomacia climática no es nada nuevo. El concepto de la “diplomacia energética europea” surgió en los años 2000, durante las tensiones energéticas con Rusia. La UE desempeñó el papel crucial en el éxito de la cumbre COP21 del diciembre de 2015. El mismo año, el Consejo Europeo propuso una estrategia de 3 puntos: la fusión de los intereses europeos, el desarrollo de los consorcios globales y el fortalecimiento de una cooperación regulatoria.
Hasta ahora, la influencia diplomática de la UE se manifestó mayormente en los Balcanes Occidentales, tanto como en algunas de las repúblicas ex-soviéticas (excluyendo a Rusia) agrupadas en la “Asociación Oriental”, que constituye un pilar de la Política Europea de Vecindad. El sector energético juega un papel muy importante allí. Sin embargo, los intereses nacionales, que a menudo entran al conflicto con los europeos, de momento no permiten establecer una definición clara de la política energética exterior de la Unión.
Si la UE quiere llegar a ser el “líder mundial”, al que alude el Pacto Verde, tendrá que desarrollar una estrategia diplomática realmente unificada, una condición sine qua non para adquirir una voz inigualable en la escena internacional. Esto también implica una transferencia de soberanía a un nivel supranacional hasta producir una sola voz, lo que todavía no es el caso a día de hoy.
Una cuestión de subsidiariedad
Finalmente, colocar la política energética en una Europa más federal no es incongruente. Al hacerlo se respetaría hasta el principio de subsidiaridad, que forma la base del federalismo y de la UE que conocemos. Por lo tanto, sea cual sea la forma que adopte la UE, cualquier decisión habrá de tomarse en el nivel de gestión más apropiado, es decir el regional, nacional o supranacional.
La nueva política climática-energética se debe por lo tanto aplicar en todos los niveles, teniendo en cuenta su naturaleza descentralizada.
En el nivel europeo, particularmente, hay que asegurarse de que se respete absolutamente la consistencia de las políticas implementadas, mientras se tenga en cuenta cualquier especificidad regional. La naturaleza transnacional de los asuntos medioambientales y energéticos es solo una razón más para situar la soberanía energética fuera del nivel nacional.
Un paso hacia el federalismo
La transversalidad del Pacto Verde debería, además, en el largo plazo, permitir una federalización de las competencias en otros ámbitos, siguiendo siempre el principio de subsidiaridad.
Sin dar un paso hacia el federalismo, la UE perderá la oportunidad que le regaló uno de los mayores eventos históricos del siglo XXI. La evolución del contexto internacional requiere que los países europeos compartan unas grandes partes de su soberanía. El clima y la energía pueden constituir el primer paso hacia la formación de un estado europeo federal, siempre que los estados nacionales y sus ciudadanos comprendan que esto es fundamentalmente en su mejor interés.
Seguir los comentarios:
|
