Romano Prodi ha observado que dos años son una temporada demasiado larga para gastar en una discusión. No se puede no darle la razón. La Constitución americana se elaboró alrededor de cuatro meses, desde mayo hasta septiembre de 1787, y cierto es que no fue un paseo: la Convención de Filadelfia decidió el destino de un pueblo y lo hizo conjugando una pluralidad de intereses contrastantes, venciendo desconfianzas y celos para converger hacia una solución que había que inventarse, puesto que la historia no ofrecía ejemplo de federaciones sobre que inspirarse. No había antecedentes: solo el fracaso a que el vínculo de la confederación parecía destinado.
El éxito de la Convención fue casi un milagro, y demostró que cuando en el contexto oportuno se sientan – en número no excesivo – figuras que cubren un efectivo poder decisional, encontrar una solución no tendría que suponer demasiado tiempo, sobre todo si sirve a satisfacer necesidades políticas urgentes. La tarea que la Conferencia sobre el futuro de Europa está para desarrollar es mucho menos formidable. No se trata de encontrar un camino nuevo sino seguir por una pista ya trazada, y por esto no se pide un genio particular: solo la justa dosis de determinación. Pero justo aquí, naturalmente, empiezan los problemas, como sugiere Eric Joszef en su encomiable comentario en “VoxEurop”.
Si de hecho la finalidad de la conferencia es relanzar el proyecto europeo, según los deseos de sus promotores, la respuesta ya está implícita en la pregunta: relanzar el proyecto tiene que coincidir sin falta con una consolidación de la integración, considerando el hecho de que lo contrario implicaría su fin. Una vez que se renuncie al inmovilismo las únicas dos opciones son: seguir adelante o volver atrás.
Por otro lado, un paso hacia la consolidación de la integración sería efectivo solo si contara con una reforma que sustituyese la natura intergubernamental de la Unión con una natura federal, permitiendo instaurar un gobierno europeo responsable frente a un parlamento que fuese, a su vez, soberano en materia de política exterior y fiscal. Sería un paso notable, no hay dudas: aún más un salto espectacular. Por lo contrario un paso más tímido no serviría de nada, porque dejaría la Unión sin un gobierno común, entonces sin políticas y sin recursos.
Está claro, incluso banal. Un informe ya escrito, cuyo contenido ya todos los conocen: la Unión europea tiene que librarse de la paralizante tutela de los gobiernos nacionales y asumir poderes propios. ¿Porque entonces gastar dos años para llegar a la misma conclusión? Si la duda es sobre cuál sería la orientación de la opinión pública al respeto, existe ya el Eurobarómetro, un instrumento bien pensado que cada dos años proporciona respuestas muy claras sobre que piensan los ciudadanos de la UE y sobre su oportuno desarrollo. Hasta el día de hoy la mayoría se ha expresado en favor de una consolidación de sus poderes, también en el sentido federal. Pero los gobiernos de los Países miembros siempre han preferido ignorarla.
Si el problema es dar una respuesta a la necesidad de involucrar a los ciudadanos, para esto ya existe el Parlamento europeo, único órgano representativo de la Unión: ¿entonces porque se sigue ignorando las resoluciones, como aquella elaborada durante la última legislatura de la Comisión para los asuntos constitucionales bajo la guía del liberal Guy Verhofstadt y aprobada por mayoría? Con aquella el Parlamento pedía a los gobiernos una reforma en el sentido federal de las instituciones comunitarias. La respuesta nunca llegó.
La impresión es que la Conferencia sea más bien una especie de artimaña, útil a esos mismos gobiernos para ganar tiempo y quitarse de la responsabilidad que día tras día –crisis tras crisis – se haga más apremiante. En los próximos dos años cada propuesta de reforma de la Unión será tabú, con el pretexto que será la Conferencia a ocuparse de todo: todo se aplazará a un futuro confuso, en que las genéricas “recomendaciones” elaboradas por esta enorme asamblea serán examinadas y luego tendrán que traducirse, sin saber ni donde ni cuando, en deliberaciones concretas. Solo entonces se empezará a cuestionarse sobre la forma de proceder en concreto, y solo en el mejor de los casos.
Si esta es la perspectiva, el espectáculo defrauda antes de empezar, poniendo en escena una clase dirigente que ya sabe lo que habría que hacer pero que vacila en hacerlo, sin embargo, ve muy bien los riesgos a que este punto muerto expone todo el aguante de la misma Unión y de su futuro. ¿La conferencia tendría que servir a animarle? A este punto, es posible dudar de esto. Un político mediocre se queda un político mediocre incluso después de un indefinido número de debates y ceremonias. Nunca una cahier de doléance ha cumplido con su propósito.
El miedo – mejor, el riesgo objetivo – es que el viento de asamblearismo que la conferencia promete de llevar a la política europea sirva solo a enmascarar al desconcierto y a la pusilanimidad de una clase política que está dramáticamente por debajo del nivel necesario para cumplir con su tarea, y la Conferencia sobre el futuro de Europa acabe por revelarse el análogo de la musiliana “Acción paralela”, que en El hombre sin atributos desarrollaba con un febril trabajo organizativo una élite a punto de ser, en cambio, sorpresa y aplastada por la historia.
Todo es posible, naturalmente; y está bien no olvidarlo. La conferencia podría de verdad revelarse una especie de antigua Sala del juego de pelota, la ocasión en que quién está legitimado a hacerlo reclame el poder de deliberar sobre el destino de Europa (y en este caso le tocaría, principalmente, al Parlamento Europeo). Pero está bien acordar también que es solo cuestión de voluntad política: la misma que hasta el día de hoy siempre ha fallado.
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