El Procés: el camino de Cataluña a la independencia y el papel de Europa.

En pocos días, el próximo domingo día 27 de septiembre, Cataluña vivirá su jornada más decisiva. Lo que a primera vista podría parecer una elección al parlamento autonómico como cualquier otra, entraña la celebración de un plebiscito imperfecto (imperfecto en el sentido de que no hay dos posiciones opuestas enfrentadas en sendas candidaturas electorales) en el que competirán las “fuerzas del sí” (favorables a la independencia) y el resto de fuerzas.

Los partidos independentistas se agrupan en torno a dos candidaturas: en primer lugar está Junts pel Sí, capitaneada por el antiguo eurodiputado de ICV-EUiA Raül Romeva y que reúne a Convergència Democràtica y Esquerra Republicana además de otros partidos menores; y en segundo lugar la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent con el periodista Antonio Baños al frente. Ambas listas cuentan con el apoyo de la Assemblea Nacional Catalana (principal entidad independentista), Òmnium Cultural (principal asociación cultural de Cataluña), y Súmate (asociación que representa al colectivo de independentistas hispanohablantes) que tienen candidatos en ambas listas.

Al otro lado se encuentran el resto de candidaturas, que aunque los medios puedan dar a entender lo contrario en caso alguno se tratan de un grupo uniforme de partidos anti-independentistas. Si bien es cierto que ninguno de éstos apuesta por la independencia. Éstas candidaturas van desde la negación más absoluta del derecho a decidir (Ciudadanos y Partido Popular) hasta la defensa de una consulta o referéndum pactado con el Estado (Catalunya Sí que es Pot, que tiene de hecho un cabeza de lista que se declara independentista), pasando por el federalismo etéreo del que hace bandera el Partit dels Socialistes de Catalunya.

¿Cómo, cuándo y por qué?

El actual proceso que vive Cataluña no nace en modo alguno por un tema económico como generalmente se pueda creer (cuánto daño ha hecho ese lema del “Espanya ens roba”), sino por un problema político causado por las limitaciones que presenta el estado de las autonomías.

El 30 de septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprueba con el voto favorable de todas las fuerzas (exceptuando al PP) una reforma del estatuto de autonomía. Tras un paso por el Congreso de los Diputados, que lo limitó en ciertos aspectos, fue aprobado en referéndum por la ciudadanía de Cataluña el 18 de junio de 2006. A partir de ahí, el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular contra el Estatut culminó en la sentencia de 28 de junio de 2010 del Tribunal Constitucional en que se anulaban numerosos artículos que en algún caso se pueden ver incluso con el mismo redactado en el Estatuto de Andalucía de 2007, que no sólo no fue recurrido ante el TC sino que además obtuvo los votos favorables del PP en el Congreso.

A partir de ésa sentencia año tras año se han producido manifestaciones masivas por el derecho a decidir y también por la independencia. Manifestaciones que han surgido de la ciudadanía y de la sociedad civil que son quienes han impulsado el proceso, y no por voluntad de Artur Mas que es otro de los grandes errores que se suelen cometer en relación a este tema (cuánto daño ha hecho también el reduccionismo “independentismo=Artur Mas”).

Con cada año que pasaba los partidos favorables al derecho a decidir presentes en el Parlament intentaban conseguir la celebración de una consulta pactada para poder conocer la opinión del pueblo catalán en este tema para poder después avanzar hacia una solución al problema del encaje de Cataluña en España, pero se encontraban ante una negativa constante del gobierno del estado a dialogar sobre cualquier propuesta incluso de descentralización. Recordemos la reunión de septiembre de 2012 en que Rajoy rechazó la propuesta de un “pacto fiscal”, esgrimiendo su supuesta anticonstitucionalidad en vez de admitir abiertamente su negativa a aceptarlo [1], o la negativa a permitir un referéndum consultivo [2] (y éste detalle es muy importante, pues no se pedía un referéndum vinculante) con el simple objetivo de conocer la opinión de los catalanes y así poder actuar en consecuencia. Con el tiempo se han denunciado ante el tribunal constitucional múltiples leyes catalanas y acuerdos tomados por el parlamento catalán (decreto contra la pobreza energética, ley de consultas populares no refrendarias, prohibición del fracking, ley de horarios comerciales, impuesto sobre operadoras de internet, ley de creación de la Agencia Tributaria catalana, etc.), bloqueando y poniendo en duda la capacidad de autogobierno de Cataluña.

A éste argumento del recorte de autogobierno se añadieron cuestiones culturales e identitarias (acrecentadas por las acciones el Ministerio de Educación bajo Ignacio Wert con su LOMCE y el “españolizar a los niños catalanes”) y, como en todos los temas de los que se habla en política desde 2007, argumentos de índole económica (desigualdades en la financiación, déficit fiscal).

Ya decía el Comité de las Regiones de la Unión Europea en su informe del 11-12 de abril de 2013:

«negarse a largo plazo a un diálogo serio entre los diferentes niveles de gobernanza y el hecho de ignorar permanentemente los deseos y las necesidades regionales en materia de descentralización de competencias y de los recursos financieros necesarios, puede generar reivindicaciones de autonomía y en casos especiales el llamamiento a la independencia [3] »

Así pues, la negativa a dialogar o simplemente a escuchar la opinión del pueblo de Cataluña y la reiteración del gobierno del estado en el bloqueo de normativas aprobadas por el Parlament de Catalunya ha ido agravando la situación. Así se puede comprender que cada vez vaya creciendo entre los catalanes un sentimiento de rechazo hacia un estado que se percibe generalmente como hostil hacia ellos.

¿Y Europa?

La cuestión del futuro de una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea ha sido uno de los grandes temas candentes en la campaña electoral y a lo largo de todo el proceso independentista.

A pesar de mucho de lo que se ha dicho al respecto desde la lista de Junts pel Si y los partidos que la integran, Cataluña saldría automáticamente de la Unión Europea en caso de independencia. Esto es a causa de la articulación de la UE, que por muy sui generis que se considere hoy por hoy sigue siendo una institución internacional articulada en la forma de un club de estados que han firmado unos tratados. Así pues, al convertirse en un estado independiente Cataluña dejaría de estar sujeta a los tratados que regulan la UE. Es lo que se desprende de los tratados, lo han dicho los portavoces de la Comisión, y lo dice el mismo informe del Comité de las Regiones que mencionaba unas líneas más arriba. Querer negar eso es no querer ver la realidad, si bien Raül Romeva tiene su parte de razón cuando dice que “Europa es un proyecto dinámico y pragmático“, aludiendo a la capacidad de la UE para adaptarse a cada situación que se encuentra ante sí.

Y aunque Cataluña en el momento de la independencia quedará fuera de la Unión Europea de forma automática (los catalanes mantendrían su ciudadanía europea, pues no sería posible privarles de la nacionalidad española tal y como se explica en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores) por el más que probable escenario de imposibilidad de que el estado dialogue con las autoridades catalanas y de la UE, siempre existe la posibilidad de sentarse a acordar una continuidad de Cataluña en la UE como estado miembro. Es lo que en algunos círculos se conoce como “ampliación interna” y que sería algo así como que mediante una negociación se acordara que tanto la Cataluña independiente como España se consideraran herederos de las obligaciones del “Reino de España” que en su momento firmó los tratados de la Unión. De esta forma se garantizaría la continuidad de ambos estados en la UE. Pero eso no va a pasar, visto lo visto. Y es que, dejando de lado todo esto, la salida de Cataluña de la UE no significa que se le cierre la puerta de regreso. A diferencia de lo que pudiera parecer a primera vista por el discurso de reduccionismo simplista que impera respecto a los nacionalismos (en el que se llega a equiparar a movimientos de carácter cívico y democrático con otros de tipo racista y xenófobo), el independentismo catalán es mayoritariamente pro europeo y favorable a la pertenencia a la Unión Europea. Dejando a un lado el caso de la CUP que apuesta directamente por la salida de la Unión y del Euro desde la crítica al funcionamiento de la UE y sus políticas económicas generalmente neo liberales y austerifílicas. Es más, son múltiples las ocasiones en que caras visibles del independentismo como Raül Romeva [4], Artur Mas [5], Oriol Junqueras [6] o Josep Maria Terricabras [7] han reivindicado la creación de una Europa federal en la que esté presente Cataluña como estado integrante.

Es por esto que ante el caso de que se llegue a producir la independencia de Cataluña sus autoridades soliciten a la mayor brevedad posible el ingreso en la UE como un estado miembro, siguiendo el proceso descrito en el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. Ésa re-entrada de Cataluña en la UE debería ser rápida pues, al haber formado parte de la Unión cerca de 30 años, es de esperar que el sistema legal catalán y la normativa que se aplicarán una vez producida la separación de España estará en consonancia al conjunto normativo de la UE, el llamado acquis communautaire. Aunque eso no quita que España pueda ejercer su veto por revanchismo, bloqueando en el Consejo de la UE la solicitud de adhesión de Cataluña. En ese caso, se plantea como muy probable “plan B” la adhesión a la European Free Trade Association (EFTA) para tratar de minimizar el impacto económico de la salida de la Unión.

¿Y el Euro? En caso de no entrar en la UE, Cataluña tendría que alcanzar un acuerdo con las autoridades para poder usar el Euro como moneda oficial del mismo modo que lo han hecho estados como Andorra, Mónaco o San Marino. En cualquier caso, la negativa de la UE a alcanzar un acuerdo de ésas características no supondría la imposibilidad de adoptar el Euro, pues ya son varios los casos de estados que la han adoptado de forma unilateral como Montenegro y Kosovo. Lo que pase a partir del 28 de septiembre es un misterio absoluto, pero lo que sí es seguro es que la Unión Europea y sus instituciones deberán afrontar una situación nueva que sin duda alguna marcará precedente.